AUMENTOS: SE POSTERGÓ LA AUDIENCIA POR TARIFA DEL SUBTE

Por Santiago Lecuna, trabajador del subte y delegado.

La tarifa del subte tenía programado un aumento que iba a llegar a $574 en abril, $667 en mayo y $757 en junio. Para los pasajeros sin SUBE registrada, el boleto iba a ser de $859. Aunque la audiencia se postergó para el 18 de abril por problemas de conexión, los aumentos no se limitan ni a la tarifa del subte ni al transporte. No es algo aislado, sino generalizado. Es idea central de este Gobierno liberar los precios para aumentarlos. Un paso clave para llevar adelante está política de aumentos es que el DNU 70/2023 se sancione y se aplique. Lo que perjudicaría frontalmente a los trabajadores.

Cobertura médica, afuera

Este DNU, rechazado en el Senado y a la espera de su debate en Diputados, habilita una serie de aumentos que significa el encarecimiento de la vida cotidiana. Vivir cuesta más caro, porque el DNU elimina regulaciones que impiden subas estrepitosas. Un caso es el de las prepagas. Dicho DNU volteó el marco regulatorio de la ley de prepagas que se sancionó en 2011, que en Diputados tuvo 190 votos positivos y 29 abstenciones del PRO y la Coalición Cívica. Ahora, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, postula lo mismo que Milei. El que no puede pagar, que se baje. Al quedar a consideración libre de las pocas empresas de medicina prepaga que operan en el mercado, los aumentos en este sector fueron siderales.

No es solo la tarifa del subte o las prepagas. También se liberó el precio de las naftas, en un país que es productor de hidrocarburos, lo que está generando aumentos periódicos. Más preocupante es el aumento en los alimentos. La nula regulación en la materia hace que quienes manejan la industria (empresas productoras, supermercados) pueden aplicar el precio que quieran. Es más caro ir al supermercado en Buenos Aires que en Madrid. El Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo, anunció la apertura de las importaciones a los alimentos. Lo que es un duro golpe para la industria nacional que va a generar desempleo y menor poder de compra en el mercado interno. Esto sin mencionar lo ridículo que es utilizar divisas para importar alimentos en un país que se caracteriza, justamente, por producir materias primas y alimentos.

Trabajadores registrados pobres

El DNU también permite la suba en los precios de los alquileres, las comisiones bancarias, las tarifas de luz, gas, agua y los peajes. Las privatizaciones, incluidas en el paquete de ese decreto, le sacan herramientas al Estado para posibilitar un precio a la vez justo y accesible. Son las reglas del mercado, en las que los bienes y servicios son para aquellos que puedan pagarlos. Las prepagas, los servicios públicos, los alquileres, los colegios y universidades privadas, las salidas a comer, las vacaciones, los electrodomésticos quedan con un precio donde los trabajadores quedan excluidos. La inflación que viene acumulando este gobierno es de 71% en tres meses. Esto se refleja en el valor de la canasta básica total que quedó en $596.823 en enero según el INDEC. En paralelo, y por debajo, quedó el sueldo promedio de los trabajadores registrados. Según la Secretaría de Trabajo el salario promedio de los trabajadores argentinos registrados es de $555.296.

El gobierno necesita aprobar el Decreto 70/2023 para continuar en el camino de la desregularización que se traduce en aumentos imparables. También se traduce en desindustrialización, aumento del desempleo y la pobreza. Si el objetivo del gobierno es sancionar e implementar ese DNU, el objetivo de los que se perjudican por el mismo es evitar su sanción.