La necesidad del aborto legal

En el año 2005 surgió la Campaña por el derecho al aborto, que el pasado martes 6 de febrero presentó por séptima vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Por Karina Nicoletta - secretaria de Género

En el año 2005 surgió la Campaña por el derecho al aborto, que el pasado martes 6 de febrero presentó por séptima vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Este debate, instalado en la sociedad con la fuerza del movimiento de mujeres, representa una de las principales deudas de la democracia con la vida y la igualdad.

El hecho de que, en un contexto de profundos retrocesos, se proponga el avance de una ley progresiva, es el resultado genuino de una lucha histórica. La legitimación comienza en las calles y eso ya es un hecho. La temática del aborto ya no puede esconderse bajo la alfombra con prácticas clandestinas. Es una demanda transversal, y por lo tanto una responsabilidad política.

Las mujeres abortan, y quienes lo hacen en la clandestinidad son las mujeres pobres, las de los sectores populares, las trabajadoras. El aborto legal esta obturado por los prejuicios y las creencias religiosas, y ello tiene un resultado concreto: en 2016 murieron 46 mujeres por las clandestinidad, el 76,6% de ellas en hospitales públicos. El aborto en condiciones de ilegalidad hace que las mujeres pobres mueran.

Representa un tema de salud pública, hoy el aborto es la principal causa de muerte materna. Se estima que en nuestro país que se practican entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos por año. Más de 50 mil egresos hospitalarios se producen en el año por complicaciones por aborto y alrededor de 50 muertes, absolutamente evitables. Sin contar el negocio del circuito de la clandestinidad.

En los países donde despenalizaron el aborto, se redujo drásticamente la mortalidad materna. Sin ir más lejos, hoy en Uruguay no hay muertes por complicaciones de aborto y se puede atribuir ese efecto a la interrupción legal del embarazo acompañada de servicios de educación y salud sexual y reproductiva en el sector público. La sanción de esta ley tiene inmediato efecto para salvar vidas.

Es una cuestión de igualdad y justicia social. La penalización opera con secuelas en la vida y en la salud de las mujeres, fundamentalmente las de los sectores más populares. Criminaliza a las más pobres, a las que viven en condiciones de desigualdad. Las mujeres con recursos y con posibilidades de acceso a la información, también se ven sometidas a la ilegalidad, pero interrumpen el embarazo de forma segura. Abortan en clínicas privadas o en su casa, a partir de una práctica médica sencilla, incluso con el uso de las pastillas de misoprostol se hace de manera ambulatoria.

La penalización del aborto no inhibe, ni evita, ni reduce la realización de abortos, sólo hace que sea económicamente inaccesible y extremadamente inseguro. Por eso es imprescindible que el Estado de respuesta a esta realidad con políticas públicas integrales, garantizando de manera efectiva: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

En nuestro país el aborto es legal por causales, cuando hay riesgo para la salud o la vida y cuando la gestación es producto de una violación. Este debate plantea ampliarlo por decisión hasta las 14 semanas de gestación. Lo entendemos como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida. La penalización es discriminatoria porque es un tipo de penalidad que sólo afecta a un género.

El acceso al aborto representa una cuestión de derechos humanos para las mujeres, la legalidad tiene que protegernos a todas. Queremos igualdad y libertad para decidir, sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos.